La central de Belo Monte no cumplió la promesa de llevar desarrollo sostenible a la región amazónica

La construcción de la represa hidroeléctrica generó un aumento del costo de vida y de la energía eléctrica para la población local, además de agravar los problemas en los sistemas de vivienda, de agua y de saneamiento, según se consigna en un estudio que contó con el apoyo de la FAPESP

Por Elton Alisson  |  Agência FAPESP – En un lapso de tiempo de poco más de 40 años, la ciudad de Altamira, en la Amazonia brasileña (en el sudoeste del estado de Pará), fue el escenario de dos grandes obras de infraestructura. La primera fue la construcción de la carretera Transamazónica, entre 1971 y 1973, y la segunda, la central hidroeléctrica de Belo Monte, en la cuenca del río Xingú, que comenzó en 2011.

Emilio Moran, docente de la Universidad del Estado de Michigan, en Estados Unidos, e investigador visitante del Núcleo de Estudios Ambientales (Nepam) de la Unicamp, la Universidad de Campinas (en el estado de São Paulo, Brasil), es un estudioso de los impactos sociales y ambientales de estos dos grandes proyectos, y sostiene que los trastornos que provocaron ambas construcciones en Altamira tuvieron algunas similitudes.

“Cuando llegué a Altamira, en 1972, con el objetivo de investigar la construcción de la Transamazónica, presencié la explosión poblacional de mil a 10 mil habitantes en menos de un año, el aumento del costo de vida y las rápidas transformaciones sociales y espaciales en la ciudad en función de la velocidad de la implementación de la obra”, dijo Moran.

“Al regresar a la región en el año 2010, para realizar estudios sobre la central de Belo Monte, me sorprendí al depararme con una situación parecida: una nueva explosión demográfica, de 75 mil a 150 mil habitantes en dos años, y una serie de problemas desencadenados por una obra de tamaña magnitud. Parece que, pasados casi 40 años, las lecciones referentes a cómo gestionar grandes proyectos de infraestructura no se aprendieron”, afirmó el investigador durante un seminario realizado en la sede de la FAPESP los pasados días 27 y 28 de agosto.

Durante el evento, se dieron a conocer los resultados de una investigación sobre los procesos sociales y ambientales de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte. Una de las principales conclusiones indicó que las promesas de inducir el desarrollo económico sostenible en la región, mediante la generación de puestos de trabajo y las mejoras de los servicios públicos de saneamiento, salud y educación, realizadas antes y durante la construcción de la central, en la cual se invirtieron 42 mil millones de reales, no se concretaron. Al contrario: contribuyeron a la elevación del costo de vida y de la energía eléctrica para la población y al agravamiento de los problemas en los sistemas habitaciones y de agua y saneamiento, aparte de llevar a una disminución de la producción de alimentos y de la pesca en la zona.

Esta investigación se realizó durante los últimos cinco años en el marco de un proyecto que contó con la coordinación de Moran y con el apoyo de la FAPESP en la modalidad São Paulo Excellence Chair (SPEC).

Uno de los objetivos del SPEC consiste en traer del exterior a São Paulo –durante un lapso de al menos 12 semanas por año– a investigadores con distinción en su área del conocimiento y reconocimiento internacional, cuya tarea consiste en crear núcleos de investigación en universidades paulistas y encabezar proyectos de investigación que cuentan con el apoyo de la Fundación, según explicó Carlos Henrique de Brito Cruz, director científico de la FAPESP.

“La idea es crear oportunidades de investigación de excelente calidad y competitivas internacionalmente, y también permitir que jóvenes investigadores de São Paulo convivan con científicos extranjeros líderes en sus áreas”, afirmó Brito Cruz.

Con esta misión, Moran dividió su tiempo entre la Universidad de Michigan y el Nepam de la Unicamp, liderando un proyecto cuyo objetivo consistía en abordar desde una óptica científica un tema que, tal como él mismo lo dice, se encontraba de entrada muy politizado: el de los impactos sociales y ambientales de la construcción de la central de Belo Monte.

“La idea fue reunir toda la información posible, proveniente de todos los actores implicados en la obra, tales como el consorcio encargado de su construcción, las agencias gubernamentales responsables de la implementación y la población afectada, a los efectos de hacer posible la comprensión de la complejidad y la documentación del proceso en forma rigurosa, sin introducir ningún sesgo analítico”, dijo.

Una nueva organización espacial

A juicio de Moran, los únicos beneficios de la obra para la región fueron la pavimentación de un gran tramo de la carretera Transamazónica –una antigua reivindicación– y la generación de empleos en la obra y en el sector comercial durante la construcción, pero tan solo en forma acentuadamente temporal. El pico de generación de puestos de trabajo se registró durante el tercer año de la obra, pero luego se inició un proceso de despidos que se extendió hasta el final de la construcción, dijo el investigador.

El incremento de la población, en razón de la llegada de 50 mil personas a Altamira entre 2011 y 2015, para trabajar directamente en la obra o en los sectores del comercio y de servicios, generó como resultado especulación inmobiliaria en la ciudad, que ya padecía una insuficiencia crónica de viviendas. Asimismo, dio origen a nuevos loteos, planificados o no, y a nuevos barrios periféricos.

Con todos estos cambios, surgió una nueva organización espacial urbana. “Ocurrió una nueva distribución de la población urbana, que antes estaba mucho más concentrada en el centro de la ciudad; pero, con la construcción de la central, hubo una propagación mayor hacia otros barrios”, dijo Guillaume Leturcq, docente de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil) y uno de los investigadores partícipes en el proyecto.

El aumento de la densidad poblacional también agravó los problemas sanitarios de la ciudad, según consignaron los investigadores.

Antes de la obra, el 86% de la población de Altamira usaba pozos para el consumo doméstico de agua y, más del 90%, fosas sépticas para las aguas residuales.

Con el aumento de la población y la demora en las inversiones en saneamiento en la ciudad, que no contaba con una red de alcantarillado, se construyeron nuevos pozos y fosas, lo cual elevó el riesgo de contaminación del agua.

“Como las viviendas quedaron más cerca, al abrir un pozo de agua, un nuevo habitante no puede tener la seguridad de que el mismo se encuentra lejos de la fosa del vecino”, explicó Cristina Gauthier, doctoranda en la Universidad del Estado de Michigan, quien estudió el tema durante el proyecto.

La elevación del nivel del agua del río Xingú para la construcción de la represa contribuyó al agravamiento del problema, al disminuir la distancia entre el fondo de las fosas y las aguas subterráneas, apuntó Gauthier.

“El transporte de contaminantes desde las fosas hacia las aguas subterráneas ocurre más rápido en ese caso”, dijo.

Las poblaciones afectadas

El aumento del nivel del agua con la represa también provocó el desplazamiento de 22 mil personas que vivían a orillas del río Xingú y en la ciudad de Altamira, en las áreas bajas que serían inundadas por el embalse, hacia cinco reasentamientos urbanos colectivos (RUCs), construidos por el consorcio responsable de la obra en áreas periféricas de Altamira, a más de dos kilómetros del centro.

Esa población vivía hasta entonces en casas de palafitos, cerca de los cursos de agua conocidos como igarapés o de áreas denominadas baixões. Las comunidades reunían a pescadores y habitantes ribereños urbanos, quienes además de vivir en islas del Xingú, también poseían sus casas de palafitos en la ciudad para tener acceso a los servicios de salud y educación y comercializar su pesca.

“Esa gente perdió el contacto con los vecinos y los familiares que vivían cerca en esas comunidades de palafitos y baixões, además de la ligazón con el río, y fue reasentada a más de dos kilómetros del centro de la ciudad”, dijo Leturcq.

“Fue un proceso de migración único en Brasil. Altamira es la ciudad donde mayor impacto produjo la construcción de una central hidroeléctrica en forma directa en el país”, afirmó.

La población ribereña urbana y la de las islas inundadas por el embalse fue la más afectada por la obra, destacaron los investigadores.

Al contrario de los grupos indígenas y de pescadores, cuyos derechos específicos quedaron reconocidos, los pobladores ribereños de río debajo de la obra del embalse del Xingú fueron ignorados tanto en los estudios de impacto como en el proceso de reconocimiento e indemnización por los daños ocasionados por la construcción, según consignó Vanessa Boanada Fuchs, investigadora de la University of St. Gallen, en Suiza, y participante en el proyecto.

“Los gestores de ese emprendimiento decían que nunca habían escuchado hablar de habitantes ribereños urbanos como un grupo de población tradicional, y que eran sencillamente pescadores”, dijo Boanada Fuchs.

“Planteamos que a esa población debería indemnizársela de acuerdo con las dos residencias que formaban parte de su modo de vida, por haber sido retirada de una isla que se inundó debido a la represa y por la pérdida de las viviendas de palafito en la ciudad. Los gestores de la obra se rehusaron a reconocer ese modo de vida y esto generó una gran polémica en el proceso indemnizatorio”, comentó.

La población ribereña sigue intentando obtener el reconocimiento de su modo de vida con el apoyo del Ministerio Público Federal, dijo Boanada Fuchs.

Mucho menos estudiados que las poblaciones indígenas que viven en territorios delimitados, los habitantes ribereños son descendientes de nordestinos que fueron a trabajar a la Amazonia durante el ciclo del caucho y de otros migrantes de la región nordeste de Brasil.

Una cantidad significativa de ellos tiene relación de parentesco con grupos indígenas como los yurunas, pero se identifican como ribereños y viven dispersos a lo largo de los ríos, fuera de áreas protegidas, según explicó la investigadora.

“Pese a tener orígenes distintos y a ocupar territorios diferentes, comparten algunas prácticas socioculturales y ambientales en las cuales el papel del río es central”, dijo Boanada Fuchs.

Como no fueron identificados ni por el gobierno ni tampoco por los emprendedores de la obra como un grupo poblacional con derechos específicos, a ejemplo de los indígenas, muchos habitantes ribereños fueron removidos de áreas cercanas al río igual que los habitantes comunes de la ciudad, y percibieron como indemnización por sus viviendas montos variables de dinero, o la posibilidad de obtener una nueva vivienda en un reasentamiento alejado del río, según sostuvo Boanada Fuchs.

“Las mujeres ribereñas también pescaban con sus maridos, y la mudanza de la familia lejos de los ríos provocó una pérdida de ingresos familiares”, dijo la investigadora.

Los impactos económicos

La construcción de la central también provocó pérdidas económicas para habitantes ribereños en comunidades localizadas no sólo río Xingú abajo, sino también río arriba del embalse, ponderaron los investigadores.

Durante un estudio de maestría realizado en el marco del proyecto por actual la doctoranda Laura Castro-Diaz, de la Universidad del Estado de Michigan, en una comunidad ribereña de Vila Nova, río abajo de la represa, los pescadores apuntaron una disminución de la abundancia y la variedad de especies de peces con mayor importancia en la región. Entre ellos, el piraíba (Brachyplathystoma filamentosum) y el pavón o tucunaré (Cichla ocellaris).

“La construcción de la represa disminuyó el caudal del agua; por eso hubo una pérdida de los puntos de pesca. Esto también elevó los gastos con desplazamiento de los habitantes ribereños, que ahora deben ir más lejos para poder pescar”, dijo Castro-Diaz.

Otro sector que sufrió el impacto de la obra fue el agropecuario. La construcción de la central hidroeléctrica contribuyó para disminuir la producción agrícola familiar en Altamira, al hacer mermar la disponibilidad de trabajadores de esa actividad, atraídos por los puestos de trabajo en la obra.

Durante el período 2010-2014, un 34% de los agricultores patronales y el 29% de los productores agrícolas familiares reportaron haber observado una disminución de la disponibilidad de mano de obra en razón de la migración de trabajadores a la ciudad para trabajar en la construcción de Belo Monte, lo cual hizo aumentar el costo salarial.

Durante el mismo período, el 60% de los agricultores que se dedicaban a la agricultura familiar abandonaron sus cultivos anuales, tales como el arroz, el frijol y el maíz. En contrapartida, aumentó la producción de cacao y la ganadería bovina en la región, de acuerdo con datos presentados por Miqueias Calvi, docente de la Universidad Federal de Pará (UFPA), también participante en el proyecto.

“La construcción de la central de Belo Monte fue planteada como la vía hacia el progreso y el crecimiento económico de la región, toda vez que induciría a sectores de la misma, como el agropecuario, a atender la demanda referente al aumento de la población. Pero sucedió lo contrario”, afirmó Calvi.

En la actualidad, Altamira compra alimentos provenientes de otras regiones del país: frutas de São Paulo (sudeste), pescados de Santa Catarina (sur) y arroz de Rio Grande do Sul (también del sur), según ejemplificó el investigador.

“Los impactos económicos positivos de la obra fueron temporales y transitorios, y no aportaron a la construcción de las bases de un desarrollo sostenible. Fue una oportunidad perdida”, afirmó Calvi.