Investigadores de Brasil muestran que la inclusión es necesaria para desarrollar políticas preventivas tendientes a evitar la “invisibilidad” de esa población y disminuir las barreras que acentúan su vulnerabilidad (foto: Giselly Gomes/GPEA)
Investigadores de Brasil muestran que la inclusión es necesaria para desarrollar políticas preventivas tendientes a evitar la “invisibilidad” de esa población y disminuir las barreras que acentúan su vulnerabilidad
Investigadores de Brasil muestran que la inclusión es necesaria para desarrollar políticas preventivas tendientes a evitar la “invisibilidad” de esa población y disminuir las barreras que acentúan su vulnerabilidad
Investigadores de Brasil muestran que la inclusión es necesaria para desarrollar políticas preventivas tendientes a evitar la “invisibilidad” de esa población y disminuir las barreras que acentúan su vulnerabilidad (foto: Giselly Gomes/GPEA)
Por Luciana Constantino | Agência FAPESP – Un informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) apuntó que casi la mitad de la población global –entre 3.300 y 3.600 millones de personas– vive en lugares o contextos altamente vulnerables a los impactos de las transformaciones del clima. Y que la desigualdad social acentúa aún más dicha vulnerabilidad.
En busca de entender los efectos de las desigualdades sobre los programas de reducción de riesgos y prevención de catástrofes ambientales, científicos brasileños ligados a la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT) y al Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) llevaron a cabo un estudio cualitativo exploratorio enfocado en las personas con discapacidad visual.
Partiendo del cuestionamiento acerca de cómo incluir a esas personas en el debate de políticas de reducción de riesgos y de mitigación de los cambios climáticos, los científicos arribaron a la conclusión de que, pese a los avances legales, aún existen barreras que comprometen la participación social en distintos espacios, especialmente en donde se toman las decisiones. Estos obstáculos refuerzan las relaciones de dependencia de esos individuos, además de perpetuar una situación de “invisibilidad” de su grupo.
“Las personas con discapacidad y las organizaciones que trabajan con ellas son escasamente incluidas en las temáticas ambientales. Por otra parte, las instituciones que trabajan con estos temas no piensan en cómo crear formas y espacios tendientes a incluirlas. La invisibilidad es tamaña que no contamos con datos sobre esto. Ni siquiera se lo ha participado al grupo en las acciones de prevención de desastres ambientales y de adaptación a los cambios climáticos. Esperamos que de algún modo este estudio pueda sensibilizar a las instituciones con miras a desarrollar políticas más inclusivas”, afirma en declaraciones a Agência FAPESP el sociólogo Victor Marchezini, investigador del Cemaden y uno de los autores del trabajo.
La investigación, que contó con el apoyo de la FAPESP, salió publicada en el International Journal of Disaster Risk Science. Y es el resultado del doctorado de la educadora ambiental Giselly Gomes, del Grupo Investigador en Educación Ambiental, Comunicación y Arte (GPEA) de la UFMT.
“Al estudiar los riesgos de desastres ambientales, aprendí que es fundamental escucharlas a esas personas. A partir del momento en que empiezan a participar en el proceso, la construcción de las políticas públicas sigue otro camino, más inclusivo”, dice Gomes, quien trabaja actualmente en el Instituto de Ciegos del Estado de Mato Grosso (Icemat).
Dicho instituto fue una de las tres organizaciones que participaron y colaboraron con la investigación, desarrollada desde el año 2017. Las otras fueron el Centro de Apoyo y Soporte a la Inclusión de la Educación Especial (Casies) del Estado de Mato Grosso y la Asociación Matogrossense de Ciegos (AMC).
Una metodología participativa
Inicialmente, los científicos identificaron a las instituciones de Cuiabá, la capital del estado de Mato Grosso, para mapear los lugares de residencia y de circulación de personas con discapacidad visual en la ciudad. El objetivo era detectar si las mismas estaban expuestas a circular en áreas de riesgo de deslizamientos y anegamientos, por ejemplo.
Con una población estimada en alrededor de 623 mil moradores, Cuiabá enfrenta problemas de infraestructura, como reflejo de la expansión urbana en áreas de protección ambiental. La ciudad tiene zonas de vega sujetas a inundaciones a orillas del río Cuiabá y de sus afluentes, donde están concentrados asentamientos informales, con población de baja renda y sin estructura adecuada de saneamiento y recolección de residuos, por ejemplo.
Con base en los relevamientos realizados junto con las instituciones, los investigadores elaboraron mapas georreferenciados utilizando áreas de riesgo detectadas por Defensa Civil y por el Servicio Geológico de Brasil, y los cruzaron con los lugares de residencia y convivencia de 21 personas con discapacidad de Cuiabá y siete de Várzea Grande, una localidad situada en el área metropolitana de la capital de Mato Grosso.
Por último, hubo una etapa con 15 entrevistas que incluyó preguntas sobre cambios climáticos, riesgo de desastres, vulnerabilidad y el rol de la educación. Otro punto que se abordó fue la dependencia de la gente con discapacidad visual a la hora de evitar o de enfrentar barreras en casos de desastres ambientales, tales como inundaciones, anegamientos y torrentes.
“Cuando mis hijos no están conmigo y se van a la casa del padre, ni siquiera salgo de casa”, les comentó a los investigadores una mujer de 48 años con visión parcial. “Ya sea de día o de noche, una siempre intenta estar con otras personas. De ocurrir algún desastre, la mayoría de la gente estará en el trabajo, en la escuela. [...] De haber un incendio, se activará la alarma e iremos afuera, uno al lado del otro. No sé si se podría crear algo específico para los discapacitados visuales, pero espero que se logre”, dijo en su testimonio un hombre de 50 años con visión parcial.
Los resultados preliminares se compartieron en el marco de un workshop realizado en 2018 que contó con la participación de alrededor de cien invitados, de los cuales el 60 % eran personas con discapacidad. Durante dicho evento, se propuso la creación de una aplicación adaptada a las necesidades de información de esas personas.
También se elaboró un mapa de riesgo táctil, coproducido con un profesor y dos técnicos del Casies y revisado por expertos en braille, un sistema de lectoescritura basado en un alfabeto cuyos caracteres son puntos en relieve que se distinguen mediante el tacto. A partir de seis puntos salientes, es posible hacer 63 combinaciones para representar letras simples y acentuadas, puntuaciones, números, signos algebraicos y notas musicales.
Las propuestas finales que resultaron fueron los siguientes: 1) un método de mapeo para detectar la exposición de personas con discapacidad visual a deslizamientos e inundaciones y crear mapas de riesgo táctiles adaptados para ellas; 2) la incorporación de voces de ese grupo con relación a sus vulnerabilidades y capacidades frente a los impactos de los cambios climáticos, y 3) una iniciativa de educación inclusiva tendiente a disminuir las barreras incapacitantes que intensifican la vulnerabilidad.
El universo
De acuerdo con el Censo 2010, el último que realizó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), casi 46 millones de brasileños (el 24 % de la población) declararon tener algún grado de dificultad en al menos una de las habilidades –ver, oír, caminar o subir escalones– o tener alguna discapacidad mental/intelectual. De dicho total, el 18,8 % mostró alguna dificultad para ver.
Así y todo, ese contingente no aparece destacado entre los alrededor de 8,2 millones de brasileños que viven en 2.471.000 domicilios ubicados en áreas de riesgo en el país. Se considera que los datos disgregados y los mapas de peligro son elementos básicos para la formulación de propuestas y políticas públicas de reducción de riesgos de desastres.
En tanto, la Política Nacional de Protección y Defensa Civil (PNPDEC, ley nº 12.608/2012) de Brasil prevé únicamente que le compete al Consejo Nacional de Protección y Defensa Civil “proponer procedimientos para la atención de niños, adolescentes, gestantes, ancianos y personas con discapacidad en situación de catástrofe”.
“A través de la educación, procuro diariamente instigar para incluir a esas personas en los estudios y en la formulación de políticas públicas. Por otra parte, esa gente espera aún resultados e inclusión. Es necesario entender que, aun cuando se trata de situaciones de riesgo que afectan a todos, algunos están más sujetos a ellas y necesitan tener voz para decir de qué manera los afectan”, añade Gomes.
En este estudio, los investigadores señalan la necesidad de que ese público participe en los planes de contingencia y en los ejercicios de evacuación de lugares. En ese proceso, la educación constituye una pieza fundamental para transformar las instituciones y acercarlas a la gente que necesita estar mejor preparada para las situaciones ambientales de riesgo.
“Anhelo que esta investigación se amplíe y que esta temática pase a formar parte de la base curricular de la enseñanza, como una forma prepara mejor a la gente e incluirla”, afirma Gomes.
Puede leerse el artículo intitulado (In)visibilities About the Vulnerabilities of People with Visual Impairments to Disasters and Climate Change: A Case Study in Cuiabá, Brazil en el siguiente enlace: link.springer.com/article/10.1007/s13753-022-00394-6.
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