La población rural está subestimada en Brasil y carece de representación política, afirman científicos

Investigadores de la Universidad Federal del ABC muestran en un artículo que, en lo atinente a la concentración de tierras, se ha avanzado poco desde la redemocratización del país. Para los autores, la desigualdad extrema y la ausencia de políticas públicas tendientes a contrarrestar sus efectos constituyen las principales causas de los conflictos y la violencia en el campo

Por José Tadeu Arantes  |  Agência FAPESP – Pasadas ya cuatro décadas desde la redemocratización de Brasil, la extrema desigualdad imperante en el medio rural, que constituye un rasgo estructural de la formación social brasileña y una de las principales causas de sus desequilibrios y conflictos, se ha alterado muy poco; casi nada. Esta desigualdad no se expresa únicamente en términos de ingresos, sino también en lo que concierne a la propiedad y la posesión de las tierras.

Esta es la afirmación central del artículo intitulado Land Inequality in Brazil: Conflicts and Violence in the Countryside (“La desigualdad de la tierra en Brasil: los conflictos y la violencia en el campo”), publicado por los investigadores Artur Zimerman, Kevin Campos Correia y Marina Pereira Silva, todos vinculados a la Universidad Federal del ABC (UFABC), en el estado de São Paulo, Brasil. El referido texto integra uno de los capítulos del libro Agriculture, Environment and Development: International Perspectives on Water, Land and Politics (Springer, 2022), que contiene los resultados de investigaciones realizadas en Brasil, en la India y en Europa.

“Si bien Brasil es actualmente uno de los mayores productores y exportadores de commodities agrícolas, dicha producción es probablemente distinta a aquella del antiguo propietario de tierras o terrateniente en términos de escala, aunque es similar en sus principios: mantiene la desigualdad rural tan presente hoy en día como lo fue en el pasado”, se lee en el artículo.

El texto reconoce los avances cuantitativos que se concretaron durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en lo concerniente a la distribución de tierras en comparación con sus antecesores y sus sucesores. Pero a su vez subraya que el tipo de reforma agraria realizada durante esos mandatos presidenciales fue claramente insuficiente, al privilegiar al agronegocio en detrimento de la agricultura familiar.

“La concentración de la propiedad o de la posesión de la tierra es enorme en toda América Latina, y lo es particularmente en Brasil. Solamente el 1 % de la población concentra la mitad de toda el área ya apropiada. Y la modernización protagonizada por el agronegocio, que llevó alta tecnología al campo, no solamente excluyó a la población rural de sus beneficios, sino que también disminuyó la oferta de puestos de trabajo agrícolas. Los conflictos con la seguridad privada de los grandes propietarios rurales o con la policía han causado 1.836 muertes en el campo brasileño desde el 1985 hasta ahora, y 564 de ellas ocurrieron en el sur y el sudeste del estado de Pará”, dice Zimerman, autor principal del artículo, que contó con el apoyo de la FAPESP en el marco del proyecto intitulado “¿Por qué en América Latina (AL) los conflictos agrarios se vuelven violentos? Para entender la crisis alimentaria y mitigar los impactos de la violencia agraria”, desarrollado en la Universidad de Londres (Reino Unido).

El investigador pondera que la disminución del contingente de trabajadores empleados en actividades agropecuarias no debe asociarse automáticamente al éxodo rural. Mucha gente se ha ido a trabajar a las ciudades, pero sigue viviendo en el campo.

“La definición de rural y urbano adoptada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística [IBGE] se basa en parámetros definidos en la época del Estado Novo [el régimen dictatorial implantado y liderado por Getúlio Vargas], entre 1937 y 1945, que ya no se corresponden con la realidad actual. El IBGE es una institución respetable; empero, en lo concerniente a este tema, sus parámetros, que otros institutos de sondeos y estadísticas del continente siguen, se encuentran completamente desactualizados”, sostiene Zimerman.

Y el investigador añade: “Criterios más modernos, propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] y por el Banco Mundial, y adoptados por autores reputados como José Eli da Veiga, Ricardo Abramovay e Ivair Gomes, entre otros, nos obligan a redefinir el tamaño de la población rural, que ha sido claramente subestimado. Tal como lo detallamos en nuestro artículo, para definir las zonas rurales y urbanas, los organismos internacionales tienen en cuenta los siguientes parámetros: la densidad poblacional de más o menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, la infraestructura existente y la distancia hasta una ciudad con más de 100 mil personas. Cuando adoptamos estos criterios, el tamaño de la población rural de Latinoamérica prácticamente se duplica: sube del 24 % al 46 %”.

El científico argumenta que este enorme contingente poblacional se encuentra dramáticamente desprovisto de una representación política formal, que podría actuar en la defensa de sus intereses y dirimir conflictos. “Mientras que los pequeños propietarios y los trabajadores asalariados del campo cuentan con una representación irrisoria, la bancada ruralista, que legisla en pro del agronegocio, integrará un bloque compuesto por alrededor de 280 legisladores en la actual gestión del Congreso”, enfatiza Zimerman.

Y en su artículo afirma que “la desigualdad de la tierra es el villano de los pobres del interior de Brasil, y una de las principales tareas que los gobiernos democráticos deben encarar consiste en disminuir esa grieta existente entre los distintos estratos de la población”.

La reforma agraria

En el referido estudio, se informa que los mayores cambios en los términos de la reforma agraria, que solamente cobraron impulso a partir de la segunda mitad del primer mandato de Fernando Henrique Cardoso, se dejaron de lado en la administración federal en 2016, durante el gobierno de Michel Temer, cuando el antiguo Ministerio del Desarrollo Agrario perdió su estatus y se redujo al nivel de secretaría, y se abandonaron completamente en 2019, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, cuando esa secretaría, vaciada de sus funciones y con otro nombre, quedó subordinada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).

La cantidad de familias asentadas anualmente llegó a 584.655 durante la administración de Fernando Henrique Cardoso y a 614.088 durante la de Lula da Silva. Pero se redujo a 133.635 en el transcurso del gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), en el marco de una grave crisis económica. Y cayó drásticamente a 10.077 en el período de Temer; y más aún, a solo 9.222, en el de Bolsonaro.

“El total de familias asentadas en el medio rural brasileño desde la redemocratización [1985] gira en torno a 1,5 millones. Aparte de ser una cifra muy pequeña si se considera la de la población rural, los asentamientos no han modificado sustancialmente el cuadro de desigualdad económica y social que prevalece en el campo. El Índice de Gini, que mide la desigualdad, prácticamente no se ha modificado durante las dos últimas décadas. Existe una gran diferencia entre distribuir tierras y llevar adelante la reforma agraria. Aparte de la distribución de tierras, una reforma agraria supone la existencia de financiación pública y asistencia técnica, entre otros beneficios”, explica Zimerman.

Uno de los resultados del modelo vigente, que privilegia a las grandes propiedades y la producción de commodities, reside en el fuerte impacto sobre el precio de los alimentos. “Durante las dos últimas décadas, el precio de los alimentos se quintuplicó en América Latina. Y la presión que esto ejerce sobre el presupuesto hogareño es enorme. En los países desarrollados, la tajada del presupuesto doméstico destinada a la compra de alimentos varía del 10 % al 15 %. En los países no desarrollados y en desarrollo, insume entre el 65 % y el 80 %”, contabiliza el investigador.

Las crisis alimentarias registradas en los años 2007-2008, 2011-2012 y ahora nuevamente, durante la pandemia, constituyen los temas de una nueva investigación que Zimerman está diseñando. En este nuevo trabajo, el investigador pretende ampliar su enfoque, contemplando también las adquisiciones de tierras realizadas por grandes inversores extranjeros (árabes, nórdicos y chinos), los impactos de los cambios climáticos sobre la violencia agraria, el rol de los indicadores demográficos globales, con el aumento de la población y el consiguiente incremento del consumo, que presiona sobre el uso de la tierra y se erige como un factor aún mayor de violencia, y la polarización política en los países latinoamericanos.

Puede accederse a la lectura del artículo intitulado Land Inequality in Brazil: Conflicts and Violence in the Countryside en el siguiente enlace: link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10264-6_6.