La tala de bosques para la conversión de sus tierras en pasturas ha derivado en un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, según consignaron los participantes en un webinario organizado por la FAPESP (foto: Felipe Werneck/Ibama)
El aumento de la deforestación en la Amazonia pone en riesgo las metas climáticas brasileñas
La tala de bosques para la conversión de sus tierras en pasturas ha derivado en un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, según consignaron los participantes en un webinario organizado por la FAPESP
El aumento de la deforestación en la Amazonia pone en riesgo las metas climáticas brasileñas
La tala de bosques para la conversión de sus tierras en pasturas ha derivado en un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, según consignaron los participantes en un webinario organizado por la FAPESP
La tala de bosques para la conversión de sus tierras en pasturas ha derivado en un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, según consignaron los participantes en un webinario organizado por la FAPESP (foto: Felipe Werneck/Ibama)
Por Elton Alisson | Agência FAPESP – El aumento del desmonte ilegal en la Amazonia pone en riesgo las metas de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) estipuladas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de Brasil en el año 2015, con ocasión de la firma del Acuerdo de París, y revisadas en diciembre de 2020.
La deforestación de la selva amazónica para la conversión de sus tierras en pasturas en ese bioma ha hecho que se incrementen las emisiones de GEI y se ha convertido en Brasil, a partir del año 2017, en la principal fuente generadora de esos gases que aportan al calentamiento global, según consignaron los investigadores que participaron en el webinario intitulado “La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Brasil. Las metas en los sectores estratégicos: bosques, agricultura y energía”, realizado por el Programa FAPESP de Investigaciones sobre Cambios Climáticos Globales (PFPMCG) el pasado 11 de mayo.
“De proseguir con la deforestación, todo el esfuerzo tendiente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil será en vano”, dijo Eduardo Assad, investigador de la Unidad de Informática Agropecuaria de la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), durante el evento.
De acuerdo con datos que el investigador dio a conocer, hasta el año 2016, el sector agropecuario era responsable del 33,2 % de las emisiones de GEI en el país, y los cambios en el uso de la tierra, con el desmonte a la cabeza, del 27,1 %. A partir del año 2017, esa situación se alteró y el desmonte forestal pasó a constituir la principal fuente de emisiones de GEI en Brasil.
En 2019, las alteraciones en el uso de la tierra fueron responsables del 44 % de las emisiones de GEI en el país, frente al 28 % del sector agropecuario, el 19 % del sector energético, el 5 % de los procesos industriales y el 4 % de los residuos. Los cambios en el uso de la tierra también responden por el aumento del 23 % en las emisiones totales de GEI en Brasil.
El desmonte ha causado el 94 % de esas emisiones brutas producto de los cambios en el uso de la tierra, y la mayor parte (el 87 %) ocurrió en la Amazonia, apuntó Ane Alencar, investigadora del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam), con base en datos del Sistema de Estimación de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG), del Observatorio del Clima, publicados a finales de 2020.
“Las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por el desmonte en la Amazonia han venido subiendo durante los últimos años”, añadió Alencar.
Más del 50 % de la deforestación en la Amazonia se ha concretado en tierras públicas, compuestas por áreas de selva no destinadas, tierras desocupadas, unidades de conservación y tierras indígenas.
Además de un aumento bastante significativo del desmonte, durante los últimos dos años se han detectado registros en el Catastro Ambiental Rural (CAR) de las áreas selváticas públicas no destinadas, que representan aproximadamente 57 millones de hectáreas, equivalentes al 14 % de la extensión del bioma, afirmó la investigadora.
“El aumento de registros en el CAR de esas áreas constituye un fuerte indicio de acaparamiento [falsificación de documentos para la toma ilegal de tierras desocupadas]”, apuntó Alencar.
“La mayor parte del desmonte que ocurre dentro de bosques públicos no destinados también se concreta en áreas de CAR”, afirmó.
A juicio de la investigadora, sería posible combatir al menos la mitad del desmonte en la Amazonia, que se concreta justamente en tierras públicas.
Algunas de las acciones necesarias para ello consisten en realizar una inspección efectiva, destinar los bosques públicos a la conservación y a la producción forestal sostenible y cancelar los registros en el CAR superpuestos en esas áreas. En tanto, para proteger el 50 % restante de la selva, sería necesario consolidar las áreas protegidas y apoyar las economías de base forestal, apoyar la conservación de activos forestales privados con incentivos económicos, ayudar económicamente y brindar asistencia técnica para la producción sostenible en los asentamientos.
Metas tímidas
Según los investigadores, las metas de la NDC brasileña estipuladas en 2015 y revisadas en 2020 para las modificaciones en el uso de la tierra son muy tímidas con relación a la participación del sector referente a las emisiones de GEI en el país.
La primera NDC brasileña planteó una meta de disminución de las emisiones de GEI de un 37 % en 2025 y de un 43 % en 2030 con relación a 2005, lo que significaría metas de emisiones de 1,38 gigatones de dióxido de carbono (CO2) en 2025 y 1,25 gigatones de CO2 en 2030.
En la revisión de la NDC, publicada a finales de 2020, se mantuvieron esos porcentajes, pero la línea de base está constituida por estimaciones de emisiones de GEI más altas que las utilizadas en la NDC original de 2005. De esta forma, aun con el actual nivel de deforestación en la Amazonia, Brasil lograría cumplir su NDC en 2030.
“Para ser coherente con los nuevos cálculos, la meta de disminución de las emisiones de GEI en 2030 debería ser al menos del 55 %”, sostuvo Assad.
Las metas de la NDC brasileña para el sector agropecuario también son muy conservadoras, afirmó el investigador.
Algunas de ellas se erigen como una restauración hasta el año 2030 de 15 millones de áreas de pasturas degradadas y el incremento también durante ese período de cinco millones de hectáreas de sistemas integrados de cultivos, ganadería y bosques.
Con todo, los estudios del Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y Geoprocesamiento (Lapig), de la Universidad Federal de Goiás (UFG), indican que existen 45 millones de hectáreas de pasturas severamente degradadas y 25 millones moderadamente degradadas en el país.
“Tenemos la posibilidad de disminuir cuatro veces más las áreas de pasturas degradadas en el país en comparación con la cifra acordada en la NDC brasileña de 2015”, dijo Assad.
El costo de la NDC brasileña
El costo de la NDC brasileña sería menor si se incluyesen otros sectores aparte del agropecuario, el energético y el forestal, mediante de la justipreciación y el establecimiento de un mercado de créditos de carbono resultantes de proyectos con enfoque en la disminución de las emisiones, según se indicó en un estudio a cargo de Ângelo Costa Gurgel, docente de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), y realizado en colaboración con otros investigadores.
“La opción más barata siempre consiste en establecer un mercado de intercambio de permisos donde todos los sectores de la economía tomen parte en el esfuerzo en pos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, afirmó Costa Gurgel.
Los investigadores también estimaron cuál sería el precio del carbono en ese escenario de mercado amplio, donde todos los sectores económicos contribuyan con la disminución de las emisiones. Los resultados de los cálculos indican que el precio del carbono en 2030 sería de 3 dólares por tonelada.
“De mantenerse el actual modelo de la NDC brasileña, en el cual tan solo algunos sectores de la economía deben hacer algún esfuerzo en pro de la disminución de las emisiones, esta política se vuelve muy cara a largo plazo”, dijo Costa Gurgel.
La financiación de la transición hacia una economía de bajo carbono constituye un reto global, pero Brasil exhibe algunas dificultades particulares en este apartado, según sostuvo Annelise Vendramini Felsberg, docente de la FGV.
Una de esas dificultades es la actual situación macroeconómica del país, que debe complicar en demasía la destinación de recursos públicos hacia esa agenda, afirmó la investigadora.
“No existe mucho margen de maniobra fiscal en Brasil para una fuerte inversión pública en la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Tendremos que contar mucho más con recursos privados si pretendemos avanzar en esa agenda”, afirmó.
Con todo, una de las limitaciones en este sentido tiene que ver con que los inversores privados prefieren los sectores de energía y transportes, y tienden a evitar el sector forestal, en razón del alto riesgo y la demora en obtener el retorno de sus inversiones, explicó Vendramini Felsberg.
“Brasil perdió el grado de inversión y los inversores lo tienen como un país difícil para concretar sus actividades. Y cuando pensamos en la restauración y la conservación, estamos mirando hacia un horizonte largo, de al menos siete años, lo cual para los inversionistas es sumamente arriesgado”, añadió.
La combinación de un macroambiente político y económico inestable con deficiencias importantes en temas legales, como el atraso en la implementación del Código Forestal, eleva la percepción de riesgo de los inversores en el sector forestal en Brasil, sostuvo Vendramini Felsberg.
“Si el Código Forestal y los PRA [Programas de Regularización Ambiental] estuvieran totalmente implementados en los estados, la mitad de estos problemas de financiación se superarían”, estimó la investigadora.
Una serie de webinarios
Este evento fue el primero de la serie de seminarios online intitulada “COP26. Debate de la NDC brasileña”, con organización de la FAPESP.
En estos eventos, se analizarán áreas estratégicas y las acciones municipales y de los estados en carácter de esfuerzos subnacionales tendientes a alcanzar las metas nacionales. Al final de cada webinario, se elaborará un material con las principales conclusiones para la divulgación en el seno de la sociedad científica y para el público en general.
“Seleccionamos estos tres temas para este primer evento –bosques, agricultura y energía– pues constituyen desafíos enormes en Brasil. No será fácil abordar estos tres aspectos, ni para la economía brasileña ni para la sociedad”, sostuvo Paulo Artaxo, docente del Instituto de Física de la Universidad de São Paulo (IF-USP) y miembro de la coordinación del PFPMCG.
Esta actividad forma parte de la implementación del Plan Estratégico 2020-2030 del Programa de Cambios Climáticos de la FAPESP.
“Es fundamental que la sociedad se comprometa en las discusiones de los problemas asociados a estas metas climáticas, pues, al fin de cuentas, estas impactan sobre nuestro día a día y sobre las futuras generaciones”, dijo Luiz Eugênio Mello, director científico de la FAPESP, durante la apertura del evento.
El webinario contó con la participación en calidad de moderadora de Mercedes Bustamante, docente de la Universidad de Brasilia (UnB).
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