Inmigrantes: las brechas de la recepción

Un estudio muestra que en Brasil las interacciones entre organizaciones civiles y organismos estatales expandieron derechos y favorecieron el ingreso de nuevas olas migratorias

José Tadeu Arantes | Agência FAPESP – En Brasil viven 1.847.274 inmigrantes regulares, de acuerdo con estadísticas de la Policía Federal actualizadas en marzo de 2015. Según la clasificación que adopta ese organismo, dicho total abarca a 1.189.947 “permanentes”, 595.800 “temporales”, 45.404 “provisorios”, 11.230 “fronterizos”, 4.842 “refugiados” y 51 “asilados”.

Es un número grande, pero que constituye tan sólo una pequeña cantidad del conjunto global de inmigrantes, que llegó a los 250 millones en 2013. Los inmigrantes componen en Brasil tan sólo el 0,9% de la población. En destinos migratorios tradicionales, tales como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España y Francia, ese porcentaje asciende a dos dígitos.

Sin embargo, la cantidad de inmigrantes en Brasil ha venido aumentando en forma consistente. Y tiende a incrementarse aún más en los próximos años. Tres factores contribuyen a ello: la declinación de la tasa de crecimiento poblacional brasileña (lo cual, en coyunturas de expansión económica, favorece la recepción de trabajadores extranjeros), las dificultades económicas y las restricciones a la entrada de extranjeros en los países desarrollados en aumento (que están reconfigurando el flujo migratorio a nivel mundial y desplazando su eje de la dirección sur-norte hacia la dirección sur-sur), y la creciente presencia de empresas brasileñas en otros países (en el imaginario de las poblaciones locales, Brasil surge como un horizonte de posibilidades).

“Pese a la oposición de un segmento de la sociedad y de los medios, los inmigrantes están llegando, son contratados y traen al país un conocimiento que lo brasileños a menudo no tienen”, dijo la socióloga Patricia Tavares de Freitas, posdoctoranda del Centro de Estudios de la Metrópolis (CEM), vinculado a la Universidad de São Paulo (USP).

Tavares de Freitas se doctoró con la investigación intitulada “Migración, trabajo y familia: los trabajadores bolivianos del sector de confecciones en la ciudad de São Paulo”, que contó con el apoyo de la FAPESP. Ahora, en su posdoctorado, la investigadora se aboca al tema “La gobernanza de las migraciones internacionales y sus impactos en la experiencia social de los migrantes: un estudio comparativo de los contextos nacionales y locales de São Paulo, en Brasil, y Buenos Aires, en Argentina”, también con beca de la FAPESP.

Como ejemplo del aporte de los extranjeros al repertorio de conocimientos de los trabajadores brasileños, Tavares de Freitas menciona el caso de los trabajadores senegaleses que empresas exportadoras de carne del estado de Rio Grande do Sul están contratando, debido a que dominan el procedimiento halal de manipuleo de la carne que prescribe la religión islámica.

“Se trata de un importante nicho económico, ya que Brasil es un gran exportador de carne a los países musulmanes de Medio Oriente y de África”, declaró a Agência FAPESP.

Pero el enfoque de la actual investigación de Tavares de Freitas es la dimensión política, más específicamente, las formas de relacionarse de los inmigrantes con los gobiernos locales –municipal y estadual– de São Paulo, estado que aún constituye el principal polo de atracción de extranjeros en Brasil.

“Existe una nueva ley, que se aprobó recientemente en el Senado y que debe tramitarse aún en la Cámara Baja. Sin embargo, hasta el presente, la situación de los inmigrantes sigue siendo regulada por el Estatuto del Extranjero, promulgado durante la dictadura. Bajo los términos de esa legislación, basada en la ‘doctrina de la seguridad nacional’ y en la protección de los trabajador nacionales, se limitaron los derechos civiles, sociales y políticos de los inmigrantes, fundamentalmente los de los indocumentados, mediante una gestión basada en la Policía Federal y en el Consejo Nacional de Inmigración, vinculado al Ministerio del Trabajo”, afirmó.

“Frente a esto, los inmigrantes y las organizaciones civiles que los defienden empezaron a buscar brechas en la esfera local que permitiesen la expansión de los derechos, cosa que ocurrió efectivamente.”

Educación y salud

Al investigar en los archivos del Centro de Estudios Migratorios de la Misión Paz, mantenida por la Arquidiócesis de São Paulo, que es la principal institución de acogimiento de los nuevos inmigrantes en la ciudad, Tavares de Freitas verificó que, durante el período comprendido entre la redemocratización del país, a mediados de la década de 1980, y el final de la década de 2000, ocurrieron cuatro movimientos principales en pro de los nuevos inmigrantes: por el derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno y a la representación y la participación política.

“Al comienzo de la década de 1990 salió una resolución de la Secretaría de Educación del Estado de São Paulo que impedía que las escuelas inscribiesen a los hijos de inmigrantes indocumentados. En ese momento, por iniciativa de monseñor Paulo Evaristo Arns, en ese entonces cardenal y arzobispo de São Paulo, se plasmó una movilización de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis para que se revocase dicha resolución. Eso se concretó cinco años más tarde, durante la gestión de Belisario dos Santos Jr. en la Secretaría de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de São Paulo, en la gobernación de Mário Covas”, dijo.

En tanto, el movimiento por el derecho a la salud transcurrió en otro marco, a comienzos de la década de 2000. “Cuando Marta Suplicy asumió como alcaldesa de São Paulo, se concretó el establecimiento de los centros de distrito municipales o subalcaldías, y la descentralización del área de Salud, con la implementación del Programa Salud de la Familia (PSF), que prevé la realización de visitas domiciliarias para la inclusión de las poblaciones vulnerables en el sistema de salud”, dijo Tavares de Freitas.

“En medio a ese proceso, se concretó el contacto de los técnicos del PSF con los nuevos inmigrantes latinoamericanos, trabajadores de talleres de confecciones. Y posteriormente, con base en una articulación entre los técnicos del PSF de la subalcaldía del barrio de Mooca y los representantes de la Pastoral del Migrante, se promulgó una ordenanza que abría la posibilidad de contratación de inmigrantes para formar parte de los equipos del PSF”, dijo.

Ciudadanía local

Hechos de esta índole se articulan teóricamente mediante dos conceptos sociológicos: el de “ciudadanía local” y el de “dominio de agencia”. “La idea de ‘dominio de agencia’ indica que existen interacciones entre la sociedad y el Estado que crean en este último dispositivos facilitadores del diálogo con relación a sujetos de derechos específicos: en el caso en cuestión, los nuevos inmigrantes. Mediante esas interacciones, se generaron y siguen generándose capacidades estatales para la recepción de ese grupo social”, explicó Tavares de Freitas.

Ante a una legislación nacional restrictiva, las organizaciones civiles buscaron brechas tendientes a ampliar efectivamente los derechos de los inmigrantes. Y esto alteró en cierta medida el perfil de Brasil en lo concerniente a este tema.

De un país que se cerró a la inmigración a partir de la década 1930, cuando el gobierno de Vargas estipuló formas de reclutamiento internas y políticas de protección de los trabajadores nacionales, Brasil evolucionó hacia un contexto que, al margen de sus ambigüedades, es mucho más receptivo e inclusivo.

Factores coyunturales contribuyeron decisivamente para que esto ocurriese. “Durante la década de 2000, quedó establecido en el Mercosur el Acuerdo de Residencia, que es un estatuto sumamente avanzado y que asegura derechos –culturales inclusive– a los inmigrantes y sus familias. En función de éste, se produjeron cambios en las legislaciones nacionales de varios países de Latinoamérica, especialmente de Argentina y de Uruguay, que también tenían leyes del tiempo de sus respectivas dictaduras. Si bien un cambio de esa envergadura no se ha concretado en Brasil, el Acuerdo de Residencia les dio a los inmigrantes latinoamericanos un nuevo estatus, que les permite disfrutar de derechos tales como dos años de residencia renovables, por ejemplo”, dijo la investigadora.

En simultáneo, se han abierto otras brechas: la Visa Humanitaria, que beneficia actualmente a los inmigrantes haitianos, y el Estatuto del Refugiado, que contempla fundamentalmente a los inmigrantes de Medio Oriente y de África, y que permite que cualquier persona, al definirse como refugiada, pueda ingresar al territorio brasileño y permanecer en él hasta que se analice su caso, con toda la documentación necesaria para radicarse y trabajar.

“El Acuerdo de Residencia, la Visa Humanitaria y el Estatuto del Refugiado han creado una nueva situación de hecho. Y es una situación contradictoria. Por un lado, no existen estadísticas nacionales confiables ni tampoco una arquitectura institucional de recepción. Por otro, existe una apertura real”, ponderó Tavares de Freitas.