Inseguridad alimentaria: los impactos en la zona de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en Brasil

Un estudio realizado en 500 hogares del municipio del Altamira, en el estado de Pará, revela que el 61 % padece este problema

Por José Tadeu Arantes  |  Agência FAPESP – El impacto socioambiental causado por la central hidroeléctrica de Belo Monte (en el estado de Pará, Brasil) ya ha sido catalogado como “un desastre” por científicos, ambientalistas y diferentes medios de comunicación. Y los daños han vuelto a ser señalados recientemente, en un informe de inspección elaborado por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio del Clima de Brasil. De acuerdo con dicho documento, se ha constatado la agradación y obstáculos a la navegación en el río Xingú, una alta mortalidad de árboles y la imposibilidad de la reproducción de peces, aparte de la desestructuración del modo de vida de los pueblos indígenas y de las comunidades ribereñas.

Un nuevo estudio, realizado con el apoyo de la FAPESP, se enfocó específicamente en la inseguridad alimentaria en la ciudad de Altamira, que sufrió un fuerte impacto con la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, al ser el centro urbano más populoso de la zona. Esta ubicación convirtió a Altamira en un punto central para la distribución de bienes y servicios y el apoyo logístico, esenciales para la construcción de la represa. Como resultado de ello, su población se vio fuertemente afectada.

La construcción de Belo Monte, realizada entre los años 2011 y 2015, provocó un crecimiento poblacional sin una planificación adecuada para la provisión de servicios a la población local y a los migrantes que allí llegaron en busca de trabajo. Este choque hizo de Altamira una de las ciudades más violentas de Brasil. Si bien la población decreció con el final de la construcción de la represa, la cantidad de habitantes registrada en el Censo 2022 fue de un total de 126.279 personas, superior en un 27,46 % a la de 2010, la fecha del Censo precedente. A modo de comparación: la población total de Brasil aumentó tan solo un 6,46 % en idéntico período.

El referido estudio se publicó en el International Journal of Environmental Research and Public Health. Y el trabajo revela que, de los hogares de Altamira, el 61 % exhibe algún nivel de inseguridad alimentaria y nutricional.

“Realizamos el estudio en julio de 2022, alrededor de siete años después del final de la construcción, visitando 500 domicilios representativos del total de residencias del área urbana de Altamira. La escala utilizada para medir la seguridad y la inseguridad alimentaria y nutricional domiciliaria clasifica a esta condición en tres grados. Verificamos que los peores niveles de inseguridad alimentaria y nutricional estaban asociados a los hogares más pobres, cuyos responsables poseían un bajo nivel de escolaridad y tasas más elevadas de desocupación. Asimismo, los domicilios que sufrían más la inseguridad alimentaria tenían una mayor cantidad de integrantes. Las familias desplazadas de sus antiguas áreas de residencia y reasentadas también enfrentaban una inseguridad alimentaria mayor”, dice el demógrafo Igor Cavallini Johansen, posdoctorando en el Núcleo de Estudios e Investigaciones Ambientales de la Universidad de Campinas (Nepam-Unicamp), en el estado de São Paulo, y autor principal del estudio.

Cavallini Johansen afirma que, a diferencia de otros estudios en los cuales se había evaluado la inseguridad alimentaria en el contexto de la construcción de centrales hidroeléctricas en Brasil, en la investigación que él encabezó se utilizó la Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria (Ebia) domiciliaria, con una metodología validada científicamente para analizar el fenómeno del acceso a los alimentos en una calidad y una cantidad suficiente y el hambre. “Con esta escala aplicamos ocho variables estándar que, dependiendo de la cantidad de respuestas positivas, clasifican la condición de inseguridad alimentaria y nutricional del hogar investigado”, comenta.

Este indicador abarca tres categorías: (1) seguridad alimentaria (la cantidad y la calidad adecuadas de alimentos); (2) inseguridad alimentaria leve (la calidad se ve afectada y existe una preocupación con la disponibilidad futura de alimentos); (3) inseguridad alimentaria entre moderada y grave (entre una calidad inadecuada y un principio de escasez de alimentos y una cantidad de alimentos insuficiente, lo que comprende distintos niveles de hambre entre adultos e incluso entre niños en el hogar).

“Formulamos y pusimos a prueba tres hipótesis: (1) que los habitantes del domicilio se vieron afectados por una variedad de factores que generaron juntos una situación de inseguridad alimentaria; (2) que la pobreza cumplió un rol fundamental entre los factores y que los grupos más afectados fueron los que fueron retirados de sus casas y reubicados en los Reasentamientos Urbanos Colectivos (RUC), y (3), que aparte del impacto de la construcción de la represa, el problema se vio agravado por la pandemia de COVID-19”, informa Cavallini Johansen.

En el análisis se tuvieron en cuenta múltiples variables socioeconómicas: el índice de riqueza (la clasificación de los domicilios en estratos socioeconómicos: más pobre, intermedio y menos pobre), considerando las características de las residencias y la existencia o no de bienes tales como vehículos y electrodomésticos; si el entrevistado era beneficiario del programa Bolsa Familia; si los habitantes se autodeclararon oficialmente impactados por la construcción de la represa; si la residencia formaba parte de un Reasentamiento Urbano Colectivo; la cantidad de miembros del hogar; si había en él algún integrante de 60 años o más, y el sexo, el color de la piel, la edad, el estado civil, el nivel educativo y la situación laboral del responsable del domicilio.

“Las tres hipótesis se confirmaron. Como era previsible, verificamos que los distintos factores engendraban uno a otros: el impacto causado por la construcción del embalse aumentaba significativamente las probabilidades de que los habitantes residieran en áreas de reasentamiento, y esto expandía las chances de que sus familias pertenecieran a las capas sociales más pobres, lo que por su vez implicaba un riesgo de padecer la inseguridad alimentaria. En un 69,7 % de los hogares, los habitantes tuvieron mayores dificultades de acceso a las cantidades y a los tipos deseados de alimentos tras la conclusión de la construcción de la represa en 2015”, informa Cavallini Johansen. Y el investigador añade que, de ese porcentaje, el 52,5 % reconoció que la dificultad ya existía antes del comienzo de la pandemia de COVID-19. Los demás le adjudicaron a la pandemia el deterioro de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional.

Imágenes de uno de los Reasentamientos Urbanos Colectivos en la periferia de la ciudad de Altamira, en el estado de Pará, cuya construcción se concretó para albergar a la población desalojada como consecuencia de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte (fotos: Igor Cavallini Johansen)

“Entre nuestros resultados, fue interesante observar que las personas residentes en hogares con miembros de 60 años o más exhibieron una menor incidencia de la inseguridad alimentaria. Sucede que en general esas familias podían contar con las jubilaciones de esos ancianos para componer sus ingresos, para así disminuir potencialmente la exposición a la pobreza y, por consiguiente, a la inseguridad alimentaria”, comenta Cavallini Johansen.

El investigador lamenta no disponer de un análisis que se valga de la misma escala (Ebia) aplicada antes de la construcción de Belo Monte para poder compararlo con los resultados obtenidos después. “De cualquier modo, fue chocante constatar un cuadro con un 61 % de inseguridad alimentaria cuando el consorcio constructor de la central hidroeléctrica alega haber invertido 6.500 millones de reales (aproximadamente 1.300 millones de dólares) en la zona destinados a la concreción de acciones socioambientales y de sostenibilidad durante el período comprendido entre 2016 y 2022. ¿Qué fue de todo ese dinero?”, cuestiona Cavallini Johansen.

La central hidroeléctrica de Belo Monte, construida sobre el río Xingú (photo: Janaína Welle)

Desafortunadamente, los desaciertos de Belo Monte no constituyen un fenómeno aislado. Los impactos socioambientales de grande porte son el corolario de los megaproyectos de esta índole en la región amazónica. Otro estudio a cargo del mismo grupo de investigación y encabezado por Caroline Arantes, docente de la West Virginia University, en Estados Unidos, demostró que en el contexto de las hidroeléctricas de Santo Antônio y Jirau (en Porto Velho, estado de Rondônia), las comunidades de pescadores sufrieron el impacto de las pérdidas en la producción y en la rentabilidad de la pesca tras la construcción de las represas. En respuesta a estos impactos, los habitantes debieron adaptar sus estrategias de pesca y sus recursos de sostén, con una merma significativa del consumo de pescado en sus hogares. “Esas comunidades de pescadores que comían pescado diariamente pasaron a consumirlo solamente una o dos veces por semana, o incluso menos”, dice Cavallini Johansen. Este estudio salió publicado en el Journal of Environmental Management.

Otro estudio precedente, en este caso sobre pescadores del río Xingú en el contexto posterior a la construcción de Belo Monte, indica que no solamente han escaseado los peces, sino que también los productos alimenticios en general también se han encarecido en la región. Estos datos se publicaron en el periódico científico Human Ecology.

Todos estos trabajos contaron con el aporte del profesor Emilio F. Moran, quien coordina el proyecto intitulado “Después de las hidroeléctricas: los procesos sociales y ambientales luego de la construcción de Belo Monte, Jirau, y Santo Antônio en la Amazonia brasileña”, contemplado con una ayuda de investigación de la FAPESP en el marco del Programa São Paulo Excellence Chair (SPEC).

Aparte de esta ayuda, el estudio contó con apoyo mediante una beca posdoctoral otorgada a Cavallini Johansen y otra beca posdoctoral concedida a Vanessa Cristine e Souza Reis, quien también integra el equipo de investigadores.

Puede accederse a la lectura del artículo intitulado Poverty–Food Insecurity Nexus in the Post-Construction Context of a Large Hydropower Dam in the Brazilian Amazon en el siguiente enlace: www.mdpi.com/1660-4601/21/2/155.