La salud precaria y una postura antiindígenas exacerbaron las muertes por COVID-19 en la Amazonia

En un seminario online organizado por la FAPESP, investigadores hicieron referencia a los factores actuales e históricos que influyeron en la mala respuesta ante la pandemia en la región norte de Brasil

Por Maria Fernanda Ziegler  |  Agência FAPESP – Las desigualdades socioeconómicas y las vulnerabilidades existentes en Brasil salieron a la luz con la pandemia de COVID-19, a punto tal que, en la región amazónica, la edad y otros factores de riesgo conocidos para esta enfermedad impactaron menos sobre la mortalidad que la carencia de atención médica y la falta de acceso a camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Asimismo, faltó una planificación específica para atender a las poblaciones históricamente marginadas y alejadas de los sistemas sanitarios de las capitales, tal como es el caso de los indígenas y de las comunidades de ribera.

Esta es la conclusión de los expertos que participaron en los dos primeros eventos de la serie “La salud y el ambiente en la Amazonia en el contexto del COVID-19”, organizados por la FAPESP entre los días 5 y 12 de agosto.

La propuesta de debate partió de investigadores que llevan adelante el proyecto intitulado “Después de las hidroeléctricas. Los procesos sociales y ambientales posteriores a la construcción de las centrales de Belo Monte, Jirau y Santo Antônio, en la Amazonia Brasileña”, apoyado por la FAPESP en el marco del Programa São Paulo Excellence Chair (SPEC). 

Según los investigadores, el ejemplo más significativo de la manera en que el COVID-19 afectó desproporcionalmente a la región norte de Brasil fue la crisis humanitaria que se desató en enero de este año en la ciudad de Manaos, cuando el sistema de salud de la capital del estado de Amazonas entró en colapso y hubo pacientes –no necesariamente infectados con el nuevo coronavirus– que murieron por falta de oxígeno.

Pero la tragedia no se limitó a la capital amazonense. Los estudios muestran que la tasa de mortalidad cada 100 mil habitantes fue mucho más alta en toda la región norte que en los demás estados brasileños. También se registró allí el mayor porcentaje de muertes evitables por COVID-19, no solamente en la franja etaria superior a los 60 años, sino en todas las edades.

“Todo esto se traduce en una pérdida nunca observada en lo referente a la expectativa de vida. Algunos estados, como el de Amazonas, volvieron a niveles de mortalidad que no existían desde el año 2004, tamaño fue el retroceso. Nuestros estudios muestran que la región norte de Brasil se vio afectada muy desproporcionalmente con relación a las otras regiones del país”, afirmo Márcia Castro, epidemióloga y docente de la Harvard University.

Castro coordinó un estudio, publicado en Nature Medicine, sobre la mengua de la expectativa de vida en virtud de las muertes en exceso causadas por el COVID-19. En el estado de Amazonas, fueron 4,42 años menos en la expectativa de vida, que pasó de 75,41 años a 70,99. La segunda caída en tal sentido se registró en el estado de Rondônia: de 76,41 a 72,49 años, es decir, 3,92 años menos.

“Seguimos soslayando lo básico. Se asocia el desarrollo económico a la infraestructura, es decir, a la construcción de carreteras y represas. Esto es un error que nunca ha sido cuestionado. Si le preguntamos a cualquier persona de la región norte de Brasil –gente que vive cerca de esas obras grandiosas– qué necesita, la respuesta será: salud y educación. Pueden construir la infraestructura que quieran y hacer mil promesas de compensaciones, pero nada en tales apartados avanza”, dijo Emilio Moran, coordinador del proyecto SPEC-FAPESP.

Para Moran, existe en Brasil una especie de colonialismo interno. “Con esas obras grandiosas de infraestructura, el sudeste aplica una explotación interna para abastecer a los consumidores finales y a su industria. La central hidroeléctrica de Belo Monte, por ejemplo, genera un impacto local enorme, pero sus beneficios no quedan en el lugar”, sostuvo.

Según Castro, el COVID-19 provocó en Brasil y especialmente en la región norte del país algo que a lo que se le ha dado el nombre de sindemia, que es cuando dos o más enfermedades interactúan de tal forma que los efectos que se observan en la población son mucho mayores que los resultantes de sumar sencillamente los daños de cada enfermedad por sí sola. Y hay también componentes sociales, económicos, políticos y ambientales que contribuyen para empeorar esta situación.

“Cabe acotar que, en algunos países, pese a los contextos socioeconómicos y a las vulnerabilidades, las decisiones políticas mitigaron ese efecto de sinergia. Pero acá las decisiones políticas –o la falta de ellas– terminaron exacerbando más todavía esas vulnerabilidades”, afirmó Castro.

“Para entender qué está sucediendo con el COVID-19, debemos mirar atrás, hacia los ciclos de explotación que la Amazonia ha vivido: el ciclo del caucho y, sumamente paradigmático, el lema de la dictadura militar posterior para el presunto desarrollo de la Amazonia: basta de leyendas, vamos a facturar”, remarcó Castro.

Más recientemente, la investigadora observó un retroceso muy grande de logros obtenidos con la redemocratización del país. “Ese ciclo de explotación ignora constantemente a la población local. Solamente apunta a las ganancias y no a la mejora de las condiciones de la población local, no a la preservación de la selva. Esto termina contribuyendo con la persistencia de esos determinantes de salud y genera una población que se vuelve invisible, que solamente aparece cuando hay elecciones”, dijo.

Históricamente, además de la falta de asistencia y de servicios básicos, esa región ha pasado por varias epidemias o brotes de enfermedades tales como el dengue, el paludismo y la fiebre amarilla. Esas afecciones están directamente relacionadas con otro problema allí: la deforestación. “Un estudio reciente mostró que, en promedio, por cada kilómetro cuadrado deforestado en la selva, surgen 27 nuevos casos de malaria”, informó Castro.

Los investigadores afirmaron también que al analizar el pasado y el presente de la región amazónica se vuelve imposible no percatarse del alto potencial de eclosión de nuevas zoonosis. “No conocemos completamente el viroma [el conjunto de virus] de la Amazonia. Se estima que conocemos tan solo el 0,025 %. Y esta destrucción de la selva puede ser el puente para que emerjan nuevos patógenos. Aparte de los cambios climáticos y ecológicos, el hecho es que el desmonte puede hacer que aparezcan nuevos virus”, dijo Pedro Vasconcelos, investigador de la Universidad del Estado de Pará (Uepa) y del Instituto Evandro Chagas, con sede en la ciudad de Belém.

Los más vulnerables

La tragedia provocada por el COVID-19 en la región norte de Brasil aumenta de tamaño cuando el enfoque del análisis se vuelca hacia los indígenas y las comunidades ribereñas. La investigación serológica EPICOVID-19 BR, de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel), mostró que, desde el comienzo de la pandemia, los indígenas exhibían un riesgo un 80 % más alto de infectarse con el SARS-CoV-2 en comparación con los blancos que viven en una misma ciudad.

Fuera de las ciudades, el impacto de la enfermedad fue también impresionante. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychiatry por investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostró que las tasas de incidencia y de mortalidad entre la población indígena fueron un 136 % y un 110 % más altas que la media nacional respectivamente.

En términos de mortalidad, entre los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI) más críticos estaban Alto Río Solimões, Cuiabá, Xavante, Vilhena y Kaiapó do Pará. El análisis de los datos reveló también una relación directa entre la incidencia de casos de COVID-19 en indígenas y la deforestación, la apropiación indebida, acaparamiento o usurpación de tierras y la minería.

“Los brotes de COVID-19 en territorios de reciente contacto también han generado preocupación. Hace poco se notificaron 30 casos solamente en la Tierra Indígena Kwatinemo, un área abarcada por el DSEI Altamira”, advirtió Luiz Penha, magíster en Salud Pública, integrante del pueblo tukano y de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB).

En relación con la vacunación, las tasas de la población indígena –un grupo prioritario en el Programa Nacional de Inmunizaciones– también se ubican por debajo de la media de la población en general.

Datos de agosto del Ministerio de Salud de Brasil apuntan que algunos DSEI se ubican por debajo del 50 % de la cobertura vacunal completa. Los distritos más críticos son los siguientes: Kaiapó, en el estado de Pará (32,4 %), río Tapajós, también en Pará (38 %), Alto Río Juruá, en el estado de Acre (39,7 %), el distrito Kaiapó del estado de Mato Grosso (42 %) y Araguaia, también en Mato Grosso (49,7 %).

“Son áreas que atraviesan diversos conflictos territoriales, ya sea por la minería o por la agricultura. Todo eso, y sumándoseles las fake news y las dificultades, lleva a que los números no hayan evolucionado tal como se anhelaba”, informó Penha.

Érika Pellegrino, investigadora de la Universidad Federal de Pará (UFPA) en Altamira, comentó que la desconfianza ha sido grande con relación al gobierno. “Una persona me dijo: ‘ese gobierno hace de todo para matarnos, ¿entonces por qué eles nos iban a dar vacunas primero a nosotros?’ Es un argumento muy lógico y difícil rebatir. Pero debemos informarles que las vacunas son confiables. Por eso realizamos un gran trabajo de escucha de la comunidad. Hubo también problemas con organizaciones religiosas, que les generaron muchos cuestionamientos a los indígenas sobre las vacunas. Los medios de comunicación ayudan mucho en la telemedicina, pero desafortunadamente también contribuyen con la propagación de fake news”, dijo.

Según los investigadores, desde el comienzo de la pandemia existía la indicación de una mayor vulnerabilidad de los pueblos originarios al COVID-19, por cuestiones referentes a las inequidades. “Ya se sabía que las enfermedades respiratorias tenían una rápida dispersión en las comunidades indígenas. Y que la orientación del aislamiento social se adecua a una lógica urbana; y también acerca de la mayor dificultad de acceso de los indígenas a los sistemas de salud de alta complejidad”, explico Ana Lúcia Pontes, investigadora de la Fiocruz en Río de Janeiro.

Para Pontes, se suma a la crisis del COVID-19 entre esas poblaciones el estímulo a la invasión de los territorios indígenas, lo que pone la salud de esos pueblos en riesgo.

“La respuesta del gobierno frente al COVID-19 se rigió por una postura bastante negacionista, basada en la minimización de un problema sumamente complejo como lo es una pandemia. Fue un posicionamiento que impidió la estructuración de una respuesta adecuada. En el caso de la población indígena, esto fue peor aún a causa de las vulnerabilidades preexistentes, de una postura antiindígena, de un retroceso de la visión de la política indigenista y de la relación del Estado con los pueblos indígenas. Por tales motivos, desafortunadamente, el impacto del COVID-19 en esas poblaciones fue mayor aún”, afirmó Pontes.

De acuerdo con la investigadora, esto puede notarse al analizar la distribución de equipos de protección individual (EPI). “La disponibilidad de EPI en la punta fue insuficiente con relación a la necesidad inicial. Lo propio puede verse en la distribución de test, que terminó generando un gran problema de subregistro. También en el discurso de las autoridades que estimularon tratamientos como el de la cloroquina, probadamente ineficaz contra el COVID-19”, dijo.

Pontes remarcó que Brasil ha experimentado y aún atraviesa un cambio sumamente grande y radical en lo que se refiere a los pueblos indígenas y a los marcos legales. Hasta la década de 1960, debido a las epidemias, a la violencia del proceso de colonización y a la perspectiva integracionista, se produjo un despoblamiento e imperaba un gran pesimismo con relación al futuro de los pueblos indígenas.

Esto se revirtió por la vía de la movilización a nivel internacional y nacional, que fortaleció la lucha por la autodeterminación de los pueblos indígenas y estipuló la obligación de los Estados nacionales de protegerlos y respetarlos. “A comienzos de la década de 1980 comienza a formarse la Unión de Naciones Indígenas, que articulará una ocupación en el Congreso Nacional durante la Asamblea Constituyente para defender el capítulo de los indios presente en la carta magna”, comentó.

Cabe remarcar que la promulgación de la Constitución, además de asegurarles a los indios su organización social, sus costumbres, sus lenguas y sus creencias, y de reconocer la demarcación y el usufructo exclusivo de sus territorios, también tuvo impacto sobre la política de salud. “En esa coyuntura de creación de un sistema único de salud en el país, hubo una intensa articulación entre indigenistas e indígenas para crear el subsistema de atención de la salud indígena en 1999, que respeta el reconocimiento de la diversidad sociocultural de los pueblos originarios, que también incide en el proceso de salud-enfermedad y terapéutico”, explicó.

La serie de seminarios intitulada “La salud y el ambiente en la Amazonia en el contexto del COVID-19” es una iniciativa que reúne a la Universidad de Campinas (Unicamp), la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad Federal de Pará (UFPA), el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), la Universidad Federal de Rondônia (Unir), la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y la Michigan State University (MSU), de Estados Unidos.

El primer seminario se encuentra disponible completo en el siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=kd13uoLoUCY. Y puede accederse al segundo evento en: www.youtube.com/watch?v=RKqXys_V3RY&feature=youtu.be.