Los gobiernos subnacionales poseen potencial para avanzar en la mitigación de los cambios climáticos

Las acciones orientadas hacia la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a cargo de estados, departamentos, provincias y municipios pueden ayudar a los países a alcanzar sus metas climáticas y a retomar el crecimiento económico tras la pandemia, según los expertos que participaron en un evento organizado por la FAPESP

Por Elton Alisson  |  Agência FAPESP – Para hacer frente a los cambios climáticos, estados, provincias, departamentos y municipios en buena medida han planificado e implementado medidas de adaptación. El objetivo de las mismas es disminuir los impactos de los eventos extremos, tales como sequías e inundaciones, sobre sus poblaciones y sus infraestructuras. Así y todo, la actuación de esos gobiernos subnacionales cuenta con potencial como para ir más allá y avanzar en el terreno de la mitigación. De este modo, podrían contribuir no solamente a que sus respectivos países alcancen las metas de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino también en la recuperación económica pospandemia de COVID-19, basada en modelos de desarrollo de bajo carbono.

Este fue el análisis que realizaron los participantes en el seminario online intitulado “Las acciones subnacionales en la implementación de la contribución determinada a nivel nacional (NDC) brasileña”, realizado el pasado día 6 de julio.

Este evento fue el tercero y último de la serie de webinarios “La COP26. Debate de la NDC brasileña”, organizada por el Programa de Cambios Climáticos de la FAPESP con el objetivo de debatir aspectos de la NDC brasileña y los ajustes planteados recientemente por el gobierno nacional en la revisión de las metas.

“Por lo general, los gobiernos subnacionales se enfocan más en los temas de la adaptación y no tanto en los de la disminución de las emisiones. Pero hay una serie de acciones que pueden contribuir para avanzar en la agenda de la mitigación, en el sector de energía, por ejemplo”, sostuvo Suzana Kahn Ribeiro, docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

La demanda de energía, eléctrica fundamentalmente, seguramente aumentará durante las próximas décadas, más allá de las mejoras en la eficiencia energética. Para dar cuenta de este incremento, será necesario a su vez aumentar la participación de las fuentes renovables en la generación distribuida –cuando se genera la energía eléctrica en el lugar de su consumo o cerca del mismo– para su uso industrial y domiciliario, y también en el transporte urbano.

Con el fin de alcanzar estos objetivos y al mismo tiempo estimular la recuperación de sus economías pospandemia, países de la Unión Europea como Alemania han anunciado recientemente paquetes de inversiones destinados a subsidiar el transporte eléctrico, las fuentes renovables y la eficiencia energética, entre otros temas, tal como ejemplificó Kahn Ribeiro.

“Estos paquetes de inversiones se enfocan en las soluciones urbanas, que tienen un sesgo marcadamente subnacional. Por supuesto que los gobiernos federales deben estar alineados, pero son los gobiernos subnacionales los que harán que esas acciones se concreten”, añadió la investigadora.

Los recursos regionales

Para hacer factible el aumento de la generación distribuida en las ciudades, será necesario aprovechar los recursos regionales renovables, consignó Kahn Ribeiro.

En el caso del estado de São Paulo, uno de los principales recursos, pero no el único, es el etanol de la caña de azúcar, según ponderó Oswaldo Lucon, coordinador ejecutivo del Foro Brasileño de Cambios Climáticos y asesor de la Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente del Estado de São Paulo.

Uno de los cinco ejes del plan de acción climática del estado de São Paulo, aún en discusión, en el que concierne a la atención de la demanda de electrificación acelerada, no solamente mediante la generación de electricidad, sino también a través del almacenamiento de energía y la integración de diversas fuentes, afirmó Lucon.

“Con las nuevas fuentes renovables, la idea es contar con un exceso de oferta de energía. De esta forma, será posible enfocarnos en la regulación de las intermitencias”, explicó.

Otro eje del plan climático paulista reside en la promoción de los combustibles avanzados, como el hidrógeno, elaborado con base en la electrólisis del agua o la reformulación del etanol, y de otros biocombustibles, como el aceite vegetal hidrotratado (HVO), para su uso en el transporte.

Este sector es uno de los que las legislaciones ambientales subnacionales aún no han logrado regular, en razón de las limitaciones de jurisdicción, consignó Lucon.

“Uno de los desafíos de las políticas climáticas subnacionales es la cuestión de las jurisdicciones. Tuvimos una dificultad enorme para prohibir la venta de asbesto crisotilo [utilizado en la fabricación de tejas] en São Paulo. Esta acción fue cuestionada, por eso el STF [el Supremo Tribunal Federal, la suprema corte judicial brasileña] debió juzgarla y, luego de muchos años, salió la decisión que permitió estipular la prohibición. Imagínense la dificultad para lograr prohibir la circulación de un vehículo ineficiente en un territorio subnacional”, ejemplificó.

En tanto, a nivel nacional, uno de los cuellos de botella con miras a disminuir las emisiones de GEI reside en la falta de regulación de límites, consignó Lucon. Los únicos contaminantes con respecto a los cuales las legislaciones nacionales fijaron límites de emisiones son el material en partículas y los óxidos de nitrógeno de azufre. En tanto, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los perfluorcarbonos y los hidrofluorcarbonos no tienen límites estipulados de emisiones, según afirmó el experto.

“De nada sirve que en el texto de la NDC brasileña se diga que el país disminuirá en 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero un 37 % por debajo de los niveles de 2005, por ejemplo, si estas metas no tienen capilaridad y no existe una perspectiva que apunte a la reducción de esas emisiones”, afirmó Lucon.

Un estudio realizado por la Asociación Brasileña de Entidades de Medio Ambiente de los Estados (Abema) con la Asociación Estratégica para la Implementación del Acuerdo de París (SPIPA, por sus siglas en inglés), de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), sobre las incumbencias subnacionales para implementación de la NDC brasileña, también apuntó que tan solo el 40 % de los estados brasileños cuenta con metas de disminución de emisiones de GEI alineadas con el Acuerdo de París.

“También en el marco de este estudio constatamos que tan solo el 43 % de los estados cuenta con alguna regulación sobre los pagos de servicios ambientales o REDD+ [incentivos para compensar financieramente a los países en desarrollo por sus resultados en la disminución de emisiones de GEI provenientes del desmonte y de la degradación forestal]”, dijo Inamara Santos Melo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Estado de Pernambuco, en Brasil, y coordinadora técnica del clima de Abema. Esta entidad agrupa a 27 secretarías de los estados brasileños y del Distrito Federal, aparte de 21 autarquías y fundaciones estaduales responsables de la implementación de políticas ambientales.

La falta de financiación continua

La carencia de financiamiento sólido para recompensar la disminución de las emisiones de GEI por el desmonte constituye uno de los retos que afrontan 38 jurisdicciones subnacionales de Brasil, Indonesia, México, Nigeria, Perú, España, Colombia, Ecuador, Costa de Marfil y Estados Unidos, que poseen el 28 % de los bosques tropicales, según consignó Daniel Nepstad, presidente y director ejecutivo del Earth Innovation Institute.

El volumen de recursos disponibles para esos gobiernos subnacionales, que era de 315 millones de dólares entre 2010 y 2014, se redujo a 288 millones de dólares entre 2015 y 2019, aunque la cantidad de jurisdicciones que solicitan esas inversiones trepó de nueve a 30.

“Tan solo dos unidades subnacionales en todo el mundo, los estados brasileños de Acre y Mato Grosso, lograron firmar contratos de pagos por resultados, y una de las pocas iniciativas de financiación lanzadas recientemente fue la de Noruega, que anunció que concederá 25 millones de dólares con ese fin”, dijo Nepstad.

En abril pasado, también Noruega lanzó la coalición Leaf, en asociación con los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido y un grupo de empresas.

Esta iniciativa pretende movilizar al menos 1.000 millones de dólares en recursos públicos y privados que se utilizarán para pagarles a países o gobiernos locales por sus resultados en términos de disminución de la deforestación.

“Es la primera vez que surge una señal específica para la compra de créditos de programas de REDD a escala jurisdiccional”, afirmó Nepstad.

Con todo, si bien existen incentivos destinados a los gobiernos subnacionales con miras a compensar la disminución de las emisiones, por una parte, aún no hay financiación destinada a cubrir los costos que estos tuvieron para lograr esas reducciones, por otra, sopesó la experta.

“El pago por resultados no es suficiente”, afirmó Nepstad.

Puede accederse al evento completo en el siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=2BOJifpgDrY.