Los mayores blancos de la corrupción

Una investigación apunta cuáles son los sectores de la sociedad que más afrontan la corrupción cotidianamente en los países en desarrollo

Por Heitor Shimizu, desde Columbus (EE.UU.)  |  Agência FAPESP – La corrupción es un tema que parece insistir en no perder actualidad, con sus múltiples facetas y también sus altos costos. En un sistema en el cual los favores destinados a unos implican desventajas hacia otros, alguien siempre paga la cuenta cuando hay beneficios inapropiados o ilegales. Y esa cuenta es aún más pesada en los países más pobres.

Según el economista Pranab Kumar Bardhan, profesor emérito de la University of California en Berkeley, la corrupción tiene un costo particularmente elevado en las economías en desarrollo, toda vez que introduce la ineficiencia en un sistema que ya de por sí se encuentra en desventaja. Si la economía va mal, la ineficiencia que la corrupción genera no hace sino empeorar el panorama.

Amanda Lea Robinson, docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Ohio State University, estudia quiénes son los principales blancos de la corrupción justamente en los países en desarrollo. No quiénes más la sufren o quiénes pagan más, sino aquéllos que más afrontan cotidianamente lo que ella caracteriza como “pequeña corrupción”.

“Se trata del abuso de poder perpetrado por funcionarios de nivel inferior o medio en sus interacciones con los ciudadanos comunes”, explicó.

Robinson estudió un país en el cual la corrupción es “endémica en todos los niveles de gobierno” y en donde el 79% de la población considera que la corrupción es uno de los principales factores que limitan el desarrollo: Malaui, en África Oriental.

Esta investigación, realizada en colaboración con Brigitte Seim, docente de la University of North Carolina en Chapel Hill, abarcó fundamentalmente casos que involucraron a policías viales. Un estudio anterior apuntó que el 95% de la población considera que la policía del país es corrupta.

“Los funcionarios sopesan los potenciales beneficios de pedir coimas –tales como la capacidad y la voluntad de pago de los ciudadanos, la certeza de pago y el valor del soborno– ante los potenciales costos: la capacidad y la voluntad de los ciudadanos de sancionar al funcionario mediante medios formales o informales”, dijo.

Según Robinson, un policía vial, al parar en una carretera a un automóvil que haya cometido alguna infracción y que esté con los impuestos atrasados o en otra condición que pueda ser pasible de aplicación de multa, estudia qué tipo de vehículo es y las características de quien lo conduce para arriesgarse a pedir una coima y no aplicar la sanción.

En la investigación tomaron parte seis colaboradores de Malaui, que condujeron por carreteras del país con distintos automóviles y con diferentes indumentarias y accesorios, como señales ser más ricos o más pobres. También utilizaron algunos indicadores distintivos de que pertenecían a algún partido político o a una determinada etnia, tanto en los vehículos más caros como en los más baratos.

“En el estudio, realizado en junio de 2014, en el 52% de los casos en que manejaron por las carreteras seleccionadas, los colaboradores fueron parados por la policía. Tan sólo en un 3% de los casos se les aplicaron multas, en tanto que en un 90%, los policías solicitaron coimas”, dijo Robinson.

Lo más obvio sería pensar que los más pobres enfrentan más la corrupción en su día a día, y que, por tal motivo, estarían más sujetos al soborno, pero no fue eso lo que sucedió.

En el estudio se detectó que la vinculación política redujo las probabilidades de pagar sobornos en un 11%, en tanto que el estatus socioeconómico no tuvo efecto. Según Robinson, esto sugiere que la corrupción está relacionada más frecuentemente con la política que con las condiciones económicas de los involucrados.

En los ejemplos de bajo nivel socioeconómico y sin conexiones políticas, el 91% del muestreo resultó en el pago de coimas. Cuando el conductor demostró ser de alto nivel socioeconómico, pero con ausencia de vinculación política, el resultado fue el mismo.

El alto nivel socioeconómico y la ausencia de vínculo político derivó en el pago de sobornos en un 86% de los casos. La menor cantidad de casos de coimas ocurrió cuando quien iba al volante indicaba tener vinculación política, pero ser a su vez de bajo nivel socioeconómico.

“Estimamos que esto obedece a los impactos contradictorios de la riqueza sobre la corrupción en sociedades con gran inequidad. Los individuos más ricos pueden incrementar los beneficios de la corrupción mediante el pago de altas coimas, pero también elevan sus propios costos si son más capaces de corromper a los funcionarios”, dijo Robinson. En otras palabras: la próxima vez, por tener más dinero, podrán pagar más caro.

Si bien el trabajo de campo realizado en Malaui apuntó el efecto protector de las conexiones políticas, por un lado, los investigadores encontraran evidencias de que la etnia tiene un efecto opuesto, por otro lado, y aumenta la exposición a la corrupción, especialmente en contextos donde ésta se muestra más endémica.

“Creemos que este efecto está motivado por los elevados niveles de confianza existente entre personas de la misma etnia. Esa confianza interpersonal hace que los funcionarios se sientan más propensos a pedir coimas”, dijo la profesora de la Ohio State.

Robinson apunta que, de ser efectivamente así, “se trata de otro contexto en el cual el capital social elevado puede tener implicaciones negativas”. Según la investigadora, los “efectos perversos del capital social” son algo que pretende investigar en futuros estudios.

Robinson comenta que la investigación “informa sobre la literatura científica, los programas y las políticas tendientes a documentar y abordar la discriminación contra los más pobres y los menos favorecidos de la sociedad”, y destaca que los resultados recabados en Malaui no pueden extenderse a otros contextos.

“De cualquier modo, nuestros resultados apuntan que los costos de la corrupción recaen más sobre algunos segmentos de la población que sobre otros. Tales prácticas discriminatorias acarrean grandes perjuicios para la fábrica social de cualquier sociedad, y más aún en aquéllas que se debaten contra el subdesarrollo, la inequidad y las divisiones étnicas”, dijo.

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