Científicos señalan la inconsistencia de la política brasileña de enfrentamiento de la crisis del clima

En vísperas de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la revisión de la contribución determinada a nivel nacional del país en 2020 no solamente no mejoró las metas, sino que en la práctica también incorporó un aumento real de las emisiones, según consignaron los participantes en un webinario organizado por la FAPESP

Por José Tadeu Arantes  |  Agência FAPESP – Postergada el año pasado a causa de la pandemia, la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) está programada para realizarse en la ciudad de Glasgow, Escocia, entre los días 1º y 12 de noviembre de 2021, bajo la presidencia del Reino Unido. El encuentro reviste grandes expectativas, en las palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres: “es un hito crítico en los esfuerzos tendientes a evitar una catástrofe climática”.

En un discurso reciente en la Asamblea General de la ONU, Guterres recordó que el mundo sigue estando lejos de contener el calentamiento global por debajo de los 2 °C, de preferencia en 1,5 °C, tal como quedó definido en el Acuerdo de París de 2015. “La coalición global por la eliminación de las emisiones [de gases de efecto invernadero] debe crecer exponencialmente”, dijo.

La COP26 deberá abordar la implementación de las metas acordadas en París y de las acciones urgentes que deben adoptarse ante el panorama global de cambio climático. En ese marco, la evaluación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus letras iniciales de en inglés) de cada país signatario y de su estadio de implementación son de fundamental importancia. Las NDC son compromisos voluntarios asumidos por los 196 países que suscribieron el Acuerdo de París. Cada uno tuvo un lapso de cinco años para presentar y revisar su NDC.

En la primera versión de la NDC brasileña, de 2015, el país asumió la meta de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 37 % hasta 2025 y un 43 % hasta 2030, tomando como base las emisiones de 2005. En la revisión de la NDC, publicada al final de 2020, se mantuvieron esos porcentajes, pero los valores considerados como base de cálculo fueron más altos que los que se utilizaron en la NDC original. En otras palabras, no solamente no se mejoraron las metas, tal como sería deseable, sino que también se embutió en los números que se presentaron un aumento real de las emisiones.

Según la matemática Thelma Krug, científica del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil y vicepresidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, al contrario de lo que sucedió en 2015, cuando la NDC brasileña fue fruto de un amplio debate entre políticos, científicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, “no hubo consulta pública para la revisión de 2020, ni existe un plan de implementación”.

Esta afirmación se concretó durante el segundo webinario de la serie “COP 26. Debate sobre la NDC brasileña”. Este evento, organizado por la FAPESP, abordó el tema “La contribución determinada a nivel nacional (NDC) de Brasil. Gobernanza y aspectos económicos y sociales”.

Además de Krug, el webinario contó con la participación como disertantes de Joaquim Guilhoto, profesor titular de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de São Paulo (FEA-USP) y economista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ana Toni, expresidente del consejo de Greenpeace Internacional y actual directora ejecutiva del Instituto Clima y Sociedad (iCS), y Ana Maria Nusdeo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (FD-USP) y ex-presidente del Instituto O Direito por um Planeta Verde.

Luiz Eugênio Mello, director científico de la FAPESP, y Jean Ometto, investigador titular del Inpe y miembro de la Coordinación del Programa FAPESP de Investigaciones sobre Cambios Climáticos Globales (PFPMCG) abrieron el evento, que contó con la moderación de Jacques Marcovitch, profesor sénior de la FEA-USP y exrector de la USP.

El cuadro global es extremadamente preocupante, tal como lo demostró Krug en su conferencia. Según la investigadora, la compilación y la compatibilización de los datos de todas las NDC, realizadas por los expertos del IPCC en 2018, por ende, antes de la revisión de 2020, mostraron que las trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero llevarían al final del presente siglo a un calentamiento global de 3 °C, con la temperatura media en aumento después de ello. “Algo totalmente inconsistente con las metas estipuladas en el Acuerdo de París”, dijo.

En este contexto, que demanda acciones drásticas de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en los distintos países, las metas de la revisión de la NDC brasileña de 2020 configuran en la práctica un aumento real de las emisiones en la comparación con las metas de la primera versión de la NDC, del año 2015. En millones de gigatoneladas de equivalente de CO₂, el aumento sería de 1,38 a 1,72 en 2025, y de 1,25 a 1,56 en 2030 (en cifras aproximadas).

“Asimismo, el gobierno brasileño condiciona la meta de eliminación de las emisiones netas en 2060 [indicando que puede anticiparla a 2050] al funcionamiento apropiado de los mecanismos de mercado, bajo los términos del artículo 6 del Acuerdo de Paris. Y adicionalmente, pugna por percibir 10 mil millones de dólares por año a partir de 2021, incluyendo en la utilización de esos recursos la conservación de sus selvas nativas”, destacó Krug.

Además de ser una necesidad imperiosa para la sostenibilidad del planeta y el bienestar de las poblaciones, la disminución consistente de las emisiones rumbo a su eliminación es también el futuro de la economía globalizada, tal como lo mostró Guilhoto en su conferencia. “Tras la merma de la actividad económica provocada por la pandemia, muchos países están aprovechando este momento histórico para reanudarla con un desarrollo sobre nuevas bases. Estados Unidos, China y la Unión Europeia están reformulando sus formas de producir y utilizar energía, e invierten en nuevas tecnologías con bajas emisiones”, dijo.

En contraste, las exportaciones de Brasil son sumamente intensivas en carbono, lo que constituye una gran fragilidad del país en el nuevo escenario económico global. “Está en discusión la tributación del carbono en las fronteras. Los países medirán la cantidad de carbono incorporada a los bienes importados y se la tributará de manera tal de beneficiar a la producción local con un bajo porcentaje de carbono agregado. Al mismo tiempo, la Unión Europea e instituciones internacionales como el FMI [el Fondo Monetario Internacional] y a OCDE, están desarrollando una serie de instrumentos que impactarán sobre las inversiones y sobre el crecimiento de las economías, condicionando así la financiación de los países y de las empresas a la producción de bienes con baja emisión o neutros en carbono”, informó Guilhoto.

Todo esto ocurre en un escenario global caracterizado por la emergencia de nuevos actores sociales, políticos y económicos, que ha despuntado con la agenda climática y que están influyendo sobre las políticas nacionales e internacionales. Esto fue lo que destacó Ana Toni en su disertación. “A la evidencia científica incuestionable del calentamiento global, en la década de 1960, le siguieron las campañas negacionistas patrocinadas por las petroleras en la década de 1980. Eso politizó rápidamente el debate del tema climático. Pero este debate estuvo durante un largo tiempo confinado en el interior de una burbuja. Con todo, en los últimos diez años esa burbuja explotó. Y las movilizaciones por el clima, con la ciencia como pilar, se propagaron por la sociedad en general”, afirmó.

Las movilizaciones a favor de la justicia climática, que incorporan el tema del calentamiento global a la agenda de derechos humanos, el activismo ambientalista de jóvenes como Greta Thunberg y muchos otros, que ocupan espacios públicos y medias sociales, la acción de inversores y accionistas, que obliga a las grandes corporaciones a revisar sus políticas negacionistas, el activismo climático judicial que cuestiona a los gobiernos y a las grandes empresas, los criterios ambientales que se incorporan a los planes de recuperación económica: todas estas nuevas formas de enfrentar la crisis climática, todas basadas en las ciencia, fueron citadas por Toni como ejemplos de un protagonismo que ha desbordado el ámbito restringido de los foros de negociaciones para adquirir expresión social.

“La pandemia y los cambios climáticos pautan la geopolítica de 2021. Estados Unidos y la Unión Europea utilizan incentivos fiscales para ubicar al clima en el centro de la agenda económica como palanca del desarrollo. La gran novedad, y de esto no quedan dudas, fue la salida de [Donald] Trump, un negacionista, y la entrada de [Joe] Biden, cuya primera acción consistió no solamente en retornar al Acuerdo de París, sino también en convocar a un grande evento, realizado en abril: Leaders Summit on Climate [Cumbre Mundial de Lideres por el Clima]”, afirmó Toni.

En la siguiente ponencia, Nusdeo recordó que los tratados internacionales, como en el caso del Acuerdo de París, una vez que un país los asume, adquieren estatus de ley nacional, rezón por la cual su incumplimiento es pasible de sanción.

“Este acuerdo determina, en el artículo 4, que las partes deben preparar, comunicar y mantener sucesivas contribuciones determinadas nacionalmente. E implementar medidas con el fin de alcanzar los objetivos que esos aportes estipulan. El texto expresa una fuerte expectativa de que las sucesivas NDC exhiban una progresión. Pero no establece un mecanismo de sanción para los países que no cumplan las metas”, dijo Nusdeo.

Tal como explicó la profesora de la FD-USP, y también otros participantes presentes en el panel, ese carácter flexible se adoptó para que el Acuerdo de París obtuviese la mayor cantidad de adhesiones en el menor lapso de tiempo. Pero el documento estipuló un mecanismo de transparencia, compuesto por comunicaciones nacionales, informes bienales y evaluaciones y revisiones internacionales, con el objetivo de exponer las acciones de los gobiernos ante los ojos de la comunidad internacional y de la propia sociedad civil de sus respectivos países.

El Acuerdo de Paris adquirió el estatus de ley nacional en Brasil mediante el Decreto 9073, del año 2017. “Debido a ese estatus de ley, es posible que se solicite ante el Poder Judicial el cumplimiento de esa obligación. Fue en tal sentido que planteó en el mes abril de 2021 una acción popular propuesta por un grupo de jóvenes militantes del área ambiental que demanda la nulidad de la NDC de 2020, como un acto que lesiona el patrimonio público, y la presentación de nueva NDC con progresividad”, informó Nusdeo.

El problema, según la especialista, consiste en que el tiempo de respuesta del derecho es lento, en contraste con la emergencia de la cuestión climática. Como alternativa, Nusdeo presentó una propuesta de creación de una Agencia Reguladora referente al Cambio Climático, con ausencia de subordinación jerárquica, autonomía funcional, administrativa y financiera y mandato fijo de sus miembros.

Puede accederse al webinario completo en el siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=uyUwz5JF-WA.